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12 de febrero: Las 12 claves del juicio del procés

12 febrero, 2019

Hoy 12 de febrero es un día histórico para la política y la jurisprudencia españolas. El Tribunal Supremo comienza el juicio del procés contra doce líderes independentistas catalanes, nueve de ellos acusados de rebelión, que organizaron y promovieron el referéndum del 1 de octubre de 2017 y proclamaron de manera unilateral la independencia de Cataluña (DUI). Estas son las principales cuestiones que debes conocer, las 12 claves del juicio del procés:

claves del juicio del procés

Arriba: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez; Abajo: Carles Mundó, Carme Forcadell, Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Santi Vila y Jordi Cuixart

1.- Los acusados

Nueve exconsellers, una expresidenta del Parlament y dos dirigentes de movimientos sociales convertidos en auténtico símbolo del independentismo se sentarán en el banquillo de los acusados del Supremo en el juicio del procés, acusados buena parte de ellos de un delito de rebelión.

Estos son los doce acusados, las penas que solicitan para cada uno la Fiscalía y la Abogacía del Estado y el papel que les atribuyen las acusaciones:

– Oriol Junqueras:

Fiscalía: 25 años de cárcel por rebelión agravada con malversación.

Abogacía: 12 años de cárcel por sedición y malversación

Exvicepresidente y responsable de Economía y Hacienda, lleva en prisión provisional desde el 2 de noviembre de 2017.

En ausencia de Carles Puigdemont, es la cabeza visible del Govern que impulsó el referéndum y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Considerado como el principal promotor del procés dentro del Gobierno autonómico, Junqueras fue el responsable último de la preparación y ejecución del 1-O (tarea que coordinó su número dos, Josep María Jové) y, según las acusaciones, decidió ir hasta las últimas consecuencias pese a los riesgos en la seguridad evidenciados por los Mossos.

A propuesta de su departamento (bajo el que se ocultaron gastos del referéndum) se aprobaron las normas y las previsiones necesarias para el 1-O.

Junto con Puigdemont, envió una carta a todos los alcaldes de Cataluña para que cediesen los centros de votación y dejó de remitir información contable al Ministerio de Hacienda.

– Carme Forcadell:

Fiscalía: 17 años por rebelión.

Abogacía: 10 años por sedición.

Primero presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y después del Parlament, lleva en prisión desde el pasado marzo cuando fue procesada por rebelión. Meses antes, el 9 de noviembre de 2017, pasó una noche en la cárcel y salió tras pagar 150.000 euros de fianza.

Como principal representante del poder legislativo en Cataluña, las acusaciones también le adjudican el título de “promotora”.

Bajo su presidencia, la Mesa del Parlament dio luz verde a la tramitación de las iniciativas que, durante los turbulentos 6 y 7 de septiembre, acabarían convirtiéndose en las denominadas leyes de desconexión del Estado.

También permitió la votación -con el rechazo frontal de la oposición- de la DUI y del inicio de un proceso constituyente para la nueva república.

– Jordi Sánchez y Jordi Cuixart:

Fiscalía: 17 años por rebelión

Abogacía: 8 años por sedición

Los Jordis son los acusados que más tiempo llevan en prisión, desde el 16 de octubre de 2017.

También se les considera promotores, en su caso como responsables de la vertiente social del procés en su condición de líderes de ANC y Òmnium Cultural, las asociaciones soberanistas que jugaron un “papel crucial” como instrumento de presión al Estado.

Se encargaron, según las acusaciones, de mantener viva “la estrategia de movilización creciente y permanente” y su actuación fue esencial en el acoso a la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017, cuando se impidió la actuación de la comisión judicial que estaba registrando el edificio.

Una actuación dirigida y consentida por Los Jordis, acusados también de alentar a los ciudadanos a ocupar los centros de votación el 1-O para impedir la actuación policial.

En el caso de Sánchez, resultó elegido diputado por JxCAT en diciembre de 2017 y llegó a aspirar a la Presidencia de la Generalitat, pero no pudo acudir al Parlament al estar encarcelado. Renunció el 21 de marzo.

– Joaquim Forn:

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.

Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación.

Exconseller de Interior y responsable de la política de seguridad desplegada por los Mossos d’Esquadra. Junto con Junqueras, lleva en prisión desde el 2 de noviembre de 2017.

Como el exvicepresident, dio orden a los Mossos de seguir adelante con el 1-O pese, según la acusación, a los potenciales riesgos en la seguridad, y alentó a los ciudadanos a acudir en masa a votar.

– Jordi Turull:

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.

Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación.

Encarcelado también ese 2 de noviembre, quedó en libertad el 4 de diciembre tras pagar una fianza y volvió a prisión en marzo de 2018.

Era el responsable de la Conselleria de Presidencia, desde la que se desplegó toda la estrategia de publicidad institucional el 1-O pagada con fondos públicos.

Autorizó, junto con otros exconsellers, contrataciones para el referéndum y controlaba el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), esencial en la logística del 1-O y en el que se crearon páginas web (algunas duplicadas para dificultar la acción policial) y programas informáticos para llevar a cabo el referéndum.

Tras las renuncias de Puigdemont y Sánchez a presidir la Generalitat, llegó a someterse a una sesión de investidura que no prosperó. Un día después, el 23 de marzo, volvió a prisión al ser procesado.

– Josep Rull:

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.

Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación.

Como Turull, pasó en prisión apenas un mes a finales de 2017 y en marzo de 2018 regresó a la cárcel.

Además de alentar a los ciudadanos a votar el 1-O pese a ser consciente de que era una convocatoria ilegal y de que había riesgos en la seguridad, prohibió “arbitrariamente” en su condición de conseller de Territorio que un barco en el que viajaba la Policía atracase en la bahía de Palamós (Girona).

– Raul Romeva:

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.

Abogacía: 11 y medio por sedición y malversación.

Fue exconseller de Relaciones Institucionales y Exteriores y se encuentra en la misma situación procesal que Rull y Turull.

Era el encargado de la estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el procés. Dirigía el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), una “suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal” que, según la Fiscalía, actuaba como lobby para difundir el procés en el exterior.

Bajo su dirección se crearon delegaciones catalanas en el extranjero, webs internacionales para informar sobre el referéndum, se desplegó una campaña internacional de la imagen de la Generalitat y se contrataron observadores internacionales para el 1-O. En 2017, la dotación presupuestaria de su departamento se incrementó un 107 %.

– Dolors Bassa:

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.

Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación.

También encarcelada desde marzo (igual que los tres anteriores), Bassa dirigió la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, bajo la que se ocultaron gastos del 1-O.

Retiró a los funcionarios de su departamento la competencia sobre los centros de votación para asegurarse su disponibilidad el 1-O, desarrolló una base de voluntarios y animó a la participación.

– Santiago Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás:

Fiscalía y Abogacía: Siete años para cada uno por desobediencia y malversación.

Como el resto de miembros del Govern, adoptaron los acuerdos para ejecutar y desarrollar el referéndum, desobedeciendo el mandato judicial y disponiendo para ello de forma ilegítima de fondos públicos, según las acusaciones.

Son los únicos que están en libertad: Vila pasó una noche en la cárcel hasta que pagó su fianza, mientras que Mundó y Borrás estuvieron cerca de un mes, hasta diciembre de 2017.

2.- La violencia

¿Hubo realmente violencia o fue solo una “actitud hostil”? Tan incuestionable para la Fiscalía como inexistente para las defensas, la respuesta será sin duda la clave que vertebrará el juicio del procés y que marcará el futuro de Oriol Junqueras y de otros 11 líderes soberanistas.

La Fiscalía lo tiene claro. El procés fue, en términos de algunas fuentes consultadas, la “crónica de una rebelión anunciada” porque algunos acusados sabían que podría desatarse la violencia y no lo impidieron pese a las advertencias de los Mossos d’Esquadra.

Y es por ello que atribuye este delito a nueve acusados, entre ellos el exvicepresident Junqueras, que se enfrenta a la pena más alta: 25 años de cárcel.

Su actuación, a juicio de la Fiscalía, va más allá del “levantamiento público y tumultuario” propio de un delito de sedición y encaja de lleno en la rebelión, que castiga, según el artículo 472 y siguientes del Código Penal a “quienes se alcen violenta y públicamente para, entre otros objetivos, declarar la independencia”.

El Ministerio Público nunca lo dudó ni un ápice, principalmente a raíz de los “violentos sucesos” en la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017 o de las agresiones contra agentes el 1-O, que son las dos actuaciones que sustentan la base de la violencia, entendida desde un punto de vista físico, es decir, con incidentes.

Aunque la Fiscalía va más allá y defiende un concepto más amplio de violencia, entendida como una forma de presión para obligar al Estado a “capitular” a la independencia de Cataluña.

Y como ejemplo plantea la “incendiaria convocatoria” del 20-S en la citada Conselleria, donde se congregaron 60.000 personas para impedir la actuación de la comisión judicial que registraba el edificio, de la que hace responsables directos a Los Jordis.

Eso, dice la Fiscalía, es también violencia porque los acusados se valieron de la “fuerza intimidatoria” que representaba aquella masa de gente como método de presión y coacción.

Rechaza por tanto entender el clásico concepto de la rebelión como una mera insurrección armada, que es precisamente el argumento al que se agarran las defensas para descartar que haya tal delito. Éstas creen que ese es el grado de violencia que debe producirse para hablar de rebelión, algo que todos reconocen no se produjo.

Aunque sí la suficiente, dice la Fiscalía. La imagen de los coches de la Guardia Civil destrozados con manifestantes y periodistas subidos, es también ejemplo de esos “incidentes violentos”, enumerados por los mandos de los Mossos a Carles Puigdemont y a Junqueras en una reunión para advertirles del riesgo de una escalada de violencia el 1-O.

Pero el Govern hizo caso omiso y siguió adelante con la votación al asumir así una estrategia de confrontación entre los ciudadanos y los agentes que desembocó en un “levantamiento generalizado salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia”.

Una visión, por cierto, en las antípodas de la de las defensas, que hablan de violencia policial unidireccional, aquella que sufrieron los catalanes que solo querían votar, y de unos dirigentes pacíficos dirigiendo un proceso igual de pacífico.

Las alusiones a la violencia lo impregnan todo en esta causa. No hay escrito o interrogatorio en el que no tenga protagonismo ya sea por acción, como Fiscalía y Vox, o por omisión.

Tal es el caso de la Abogacía, cuyo escrito de acusación se desmarcó de la línea fijada por la Fiscalía y optó por ver “una actitud hostil” donde antes apreció violencia.

El ejemplo más paradigmático se explica por las veces en que la palabra violencia aparece en sus escritos: 23 en el de Fiscalía y ninguna en el de Abogacía.

El Ministerio de Justicia, del que depende la Abogacía del Estado, ha negado ninguna injerencia política en su trabajo, pero la oposición ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizarla para sus intereses políticos.

Lo cierto es que el jefe del área Penal de la Abogacía del Estado, Edumdo Bal, fue relevado por sus críticas al cambio de criterio.

El escrito rebaja el tono con otras palabras y, en vez de violencia subraya que hubo hostilidad, todo ello pese a que el relato es prácticamente idéntico al de Fiscalía.

Así, habla de “ambiente crispado y hostil” en la Conselleria de Economía, de “actitud hostil” en la de Exteriores y de “concentraciones hostiles” ante los cuarteles de la Guardia Civil.

Y se refiere a la posibilidad de “altercados, tumultos y disturbios” en caso de producirse la votación, todos ellos actos difíciles de entender sin un componente violento.

Ya con Vox la violencia adquiere otros tintes. Más magnificada. Pasa a ser un “ataque subversivo” y una “estrategia golpista” promovida por el Govern y especialmente por ANC y Òmnium a través de “una intensa y violenta movilización ciudadana”.

Con todo, la violencia tendrá la más alta cuota de protagonismo en el juicio, pues de probarla dependerá que los hechos se califiquen de rebelión, con penas mucho más altas que las de sedición. La respuesta a la cuestión jurídica más importante, en la sentencia.

claves del juicio del procés

3.- El tribunal

Seis hombres y una mujer serán los encargados de dirimir la responsabilidad penal de los doce líderes soberanistas acusados en el caso del procés, en un tribunal presidido por Manuel Marchena y que será quien definitivamente determine si hubo o no rebelión en el proceso independentista catalán.

El más veterano de los jueces de lo Penal del Supremo, su actual presidente, un histórico fundador de una asociación judicial progresista o la primera mujer que llegó a dicha Sala son algunos de los magistrados que juzgarán el caso.

La media de edad de sus miembros es de 63 años, dos no están asociados a ninguna asociación, otros dos a la Asociación Profesional de la Magistratura (calificada de conservadora), dos más a la Jueces y Juezas para la Democracia (considerada progresista) y el restante a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

Un tribunal que estuvo a punto de ver modificada su relación de fuerzas tras el pacto frustrado entre PP y PSOE, que propusieron a Marchena presidente del nuevo Consejo General del Poder Judicial (aún sin renovar).

Pero tras renunciar el juez reivindicando su independencia del poder político, las aguas volvieron a su cauce en el tribunal, cuyos integrantes son:

– Manuel Marchena: Presidente del tribunal y ponente de la sentencia:

Fiscal por oposición y de talante conservador, aunque desvinculado de las asociaciones profesionales, Marchena llegó a la Sala de lo Penal en 2007 y siete años después se alzó como presidente.

Allí instruyó y archivó la causa de los supuestos cobros del exjuez Baltasar Garzón del Banco Santander durante su estancia en Nueva York; e integró el tribunal que le condenó a 11 años de inhabilitación por las escuchas de la Gürtel.

Entre otras, fue ponente de las sentencias que revisaron los casos de Mari Luz Cortés y del rapero César Strawberry y también presidió el tribunal que sentenció al exconseller Francesc Homs por el 9N.

– Andrés Martínez Arrieta: En ausencia de Marchena, iba a ser el presidente del tribunal al ser el más veterano:

Con 25 años se convirtió en el vocal más joven del CGPJ y, años más tarde, de la Sala de lo Penal, a la que accedió en 1998. Fue uno de los fundadores de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

Redactó la sentencia que absolvió a Garzón en el caso de los crímenes del franquismo y también la primera sentencia firme contra la Gürtel, la del caso Fitur, y el auto que archivó la causa por tráfico de influencias contra el exministro José Blanco.

– Antonio del Moral. Fiscal por oposición, ejerció en el Supremo desde 1999 hasta 2012, cuando fue nombrado juez:

En su haber figura ser ponente de la sentencia que condenó en firme a Iñaki Urdangarin o de la que rebajó la condena de inhabilitación al expresident Artur Mas por el 9-N.

También instruyó y archivó la causa derivada del caso Gürtel contra la exalcaldesa de Jerez María José García-Pelayo. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

– Juan Ramón Berdugo. Magistrado del Supremo desde 2004, ha sido ponente de la sentencia que revisó la condena del caso Rocío Wanninkhof o la causa de los trajes, en la que fue absuelto el expresidente de la Generalitat Francisco Camps:

Miembro de la APM, formó parte, junto a otros magistrados que juzgarán el procés, del tribunal que dictó la doctrina Botín y del que estableció la doctrina Parot, luego anulada por el TEDH.

Recientemente, fue uno de los cuatro magistrados que emitieron un voto particular a la sentencia que establecía que toda agresión de un hombre a su pareja o expareja debe ser considerada violencia machista.

– Luciano Varela. histórico fundador de la progresista Jueces para la Democracia, fue el encargado de redactar el proyecto de la Ley del Jurado en 1994:

Ya en el Supremo, donde lleva desde 2007, instruyó la causa contra Garzón relativa a los crímenes del franquismo, cuya investigación le valió duras críticas.

Ha sido ponente de famosas sentencias como la que ratificó la condena a 21 meses de cárcel para Leo Messi o la que confirmó 4 años de prisión al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.

– Ana Ferrer. La única mujer del tribunal, ha sido la primera en muchas cosas. En 2009 se convirtió en la primera mujer que presidió la Audiencia Provincial de Madrid y cinco años después, en 2014, la primera en acceder a la Sala de lo Penal del Supremo:

De tendencia progresista y miembro de Jueces y Juezas para la Democracia, durante su etapa en instrucción investigó el caso Roldán o el caso BOE, sobre un supuesto fraude en la compra de papel para el diario oficial. Ya en el Supremo, instruyó y archivó la pieza de la Púnica contra la exsenadora del PP Pilar Barreiro.

– Andrés Palomo. Pisó la Sala de lo Penal al mismo tiempo que su compañera -antes presidió la Audiencia de Segovia- y, como ella, fue el último en incorporarse al tribunal del procés:

Palomo, que tampoco está integrado en ninguna asociación, ya tiene experiencia en causas relacionadas con el independentismo catalán dado que instruyó el proceso contra Homs.

Entre las sentencias de las que ha sido ponente destaca la que anuló por falta de pruebas la condena a 119 años de cárcel a la etarra Itziar Alberdi Uranga, huida durante 22 añoS; o la que revocó por primera vez una condena a prisión permanente revisable, dictada hace una semana.

4.- Los ausentes

El principal rostro del proceso soberanista catalán, Carles Puigdemont, será el gran ausente en el juicio del procés, con un banquillo en el que faltarán también otros seis dirigentes independentistas huidos de la Justicia española.

Son los siete rebeldes, como los declaró el juez Pablo Llarena al cerrar la instrucción del resto de la causa y acordar que la parte que les afecta quedara en una pieza separada hasta que estén a disposición de los tribunales españoles.

El expresidente de la Generalitat seguirá el juicio previsiblemente desde Bélgica junto a los exconsellers Antoni Comín, Lluis Puig y Meritxel Serret.

A finales de octubre de 2017 huyó a Bruselas junto a ellos la exconsellera Clara Ponsatí, quien después se estableció en Escocia. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel eligieron más tarde Ginebra para su fuga.

Si no regresan a España, ninguno teme ser detenido, ya que el pasado julio Llarena retiró las euroórdenes que había dictado para arrestarlos. Pero su exilio puede ser largo, ya que, por ejemplo, el delito de rebelión no prescribiría hasta el 2037.

La presencia de estos dirigentes soberanistas en distintos países ha puesto de manifiesto la distinta interpretación sobre las euroórdenes que hace cada uno de ellos: Bélgica rechazó las de los exconsellers por defectos de forma y Alemania se negó a entregar a Puigdemont por rebelión, con lo que, de haberla aceptado, en España solo se le habría podido juzgar por malversación.

– Carles Puigdemont:
Procesado por los delitos de rebelión y malversación, reside en la localidad de Waterloo, a unos 20 kilómetros de Bruselas. El pasado julio fue suspendido como diputado del Parlament por el Tribunal Supremo y se le retiró el sueldo.

Huyó a Bélgica tras su cese en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Durante un viaje a Finlandia, el juez Llarena reactivó la euroorden para detenerlo y fue arrestado el pasado marzo en Alemania, cuando intentaba regresar en coche a Bruselas.

Llegó a pasar doce días en prisión, pero la justicia alemana decidió el 12 de julio que sólo lo extraditaría por malversación, no por rebelión. Llarena retiró las órdenes europeas de detención que había emitido y el expresidente de la Generalitat regresó a Bélgica.

– Antoni Comín:

Exconseller de Sanidad, huyó a Bélgica junto a Puigdemont y, cómo él, está procesado por rebelión y malversación.

Es el único de los cuatro exconsellers fugados que no renunció al escaño que consiguió en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, en las listas de ERC, y sigue cobrando su sueldo de diputado autonómico, ya que no ha sido suspendido al tener pendiente un recurso.

Antes de que Llarena retirara las euroórdenes, la justicia belga ya había rechazado la extradición de los tres exconsellers residentes en Bruselas por “defectos de forma”.

– Meritxel Serret:

Exconsellera de Agricultura en el gobierno de Puigdemont, está procesada por desobediencia y malversación. Fue también elegida diputada de ERC en las autonómicas de diciembre de 2017, pero renunció al escaño en enero de 2018.

El verano pasado fue nombrada delegada de la Generalitat en Bruselas. Esa delegación fue la única en el exterior que siguió funcionando con la aplicación del artículo 155.

– Lluis Puig:

Como Serret, está procesado por desobediencia y malversación. También fue elegido diputado en diciembre de 2017, por JxCat, y renunció al escaño un mes después.

Cuando cumplía un año en Bélgica, Puig, que había sido conseller de Cultura, fue nombrado director del programa de internacionalización de la cultura catalana por el ejecutivo de Quim Torra.

– Clara Ponsatí:

Exconsellera de Enseñanza, está procesada por rebelión y malversación, al considerar el Supremo que asumió el control y la ocupación de los centros escolares para garantizar su uso el día del referéndum ilegal.

También huyó a Bélgica, pero después se mudó a Escocia para reincorporarse como profesora de Economía y Finanzas a la Universidad de Saint Andrews, en la que trabajaba cuando fue nombrada consellera. En enero de 2018 también renunció al acta de diputada que había conseguido en diciembre en las listas de JxCat.

La Justicia escocesa le retiró el pasaporte e inició el proceso judicial ante la petición de España de que fuera entregada, pero la causa se cerró antes de que se pronunciara sobre el fondo del asunto al retirar Llarena las euroórdenes.

– Marta Rovira:

Procesada por rebelión, es secretaria general de ERC desde 2011 y fue diputada del Parlament entre 2012 y marzo de 2018, cuando dejó el escaño y decidió huir a Suiza.

Lo anunció en una carta el día en el que debía comparecer ante el juez Llarena para que le comunicara su procesamiento y decidiera si la enviaba a prisión provisional. Fue la última de los procesados en salir de España.

– Anna Gabriel:

La exdiputada de la CUP se encontraba ya en Suiza cuando llegó Rovira. Se supo de su huida a Ginebra en febrero, días antes de tener que comparecer también ante el Supremo.

Llarena dictó orden de detención nacional contra Gabriel, pero no internacional, y la exparlamentaria no se ha tenido que enfrentar a la justicia en Suiza, donde ha obtenido un permiso de residencia para cinco años.

Sólo fue procesada por desobediencia, con lo que, si se hubiera quedado en España habría sido juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no por el Supremo.

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5.- Las acusaciones

La Fiscalía, la Abogacía del Estado y VOX son las acusaciones que ejercen la acción penal en el juicio sobre el procés, un núcleo que siempre calificó los hechos como una rebelión hasta que la Abogacía se desmarcó en el último momento al acusar por sedición.

Las sospechas de politización han acompañado siempre a las tres acusaciones, pero fue la renuncia de la Abogacía a calificar los hechos de violentos la que terminó con la sólida línea de actuación que hasta la fecha mantenían junto a la Fiscalía y Vox, un partido que ha encontrado en esta causa una visibilidad mediática innegable.

Una cuestión, la de la violencia, clave para dirigir la estrategia procesal de las acusaciones en la vista oral y sobre la cual pivotará gran parte del juicio para defender la rebelión, como sostienen Fiscalía y Vox, o la sedición, que ahora plantea la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia.

Pero antes de la ruptura entre las acusaciones hubo unidad, principalmente entre el Ministerio Público y Vox, que fueron de la mano desde el principio de la instrucción en la mayoría de las cuestiones, y luego con la Abogacía, puesto que esta entró en el procedimiento meses después al personarse por la malversación.

El origen del procedimiento estuvo en la querella que el exfiscal general del Estado José Manuel Maza presentó contra el Govern, un día después de la huida de Carles Puigdemont. Ahora bien, el recorrido desde entonces y las consecuencias para cada una de las acusaciones han sido muy dispares.

La Fiscalía:

Suyo ha sido el peso de la acusación. Tres fiscales generales han intervenido en la causa -dos nombrados por el PP y otra por el PSOE- sin que se hayan producido fisuras en su estrategia. Todos ellos siempre manifestaron la autonomía que concedieron a los cuatro fiscales de Sala del Supremo, la más alta distinción en la carrera.

Con trayectorias jurídicas tan reconocidas como dispares, estos cuatro fiscales han dirigido la causa sobre el terreno: poco ha importado que tengan distintas sensibilidades, pues su unidad de actuación ha sido indestructible y ajena a cualquier tipo de presiones y de vaivenes políticos.

– Consuelo Madrigal: Fue la primera mujer al frente de la Fiscalía General del Estado (2015-2016) en sustitución de Eduardo Torres Dulce, de quien heredó la querella del 9N que supuso su toma de contacto con el proceso soberanista, pero no la única.

Suya fue la orden a la Fiscalía de Cataluña de querellarse contra Carme Forcadell, por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional, al negarse a anular las resoluciones independentistas de ese organismo. Es conservadora y experta en asuntos de menores.

– Jaime Moreno: Otro fiscal que ha tenido contacto con el separatismo al participar en el juicio contra el exconseller Francesc Homs o en el recurso de Artur Mas, ambos por el 9N. Desde 2003 trabaja en el Supremo, donde ha intervenido en participado en causas como el 11-M y Faisán.

– Javier Zaragoza: Junto a Madrigal, es uno de los fiscales más firmes en su lucha contra el independentismo, lo que provocó que la CUP pidiera su reprobación en el Parlament. En su etapa como fiscal jefe de la Audiencia Nacional -en la que estuvo once años hasta 2017- lideró diversas causas vinculadas con el soberanismo.

Entre ellas, dirigió una investigación contra la Hacienda catalana y pidió hacer lo mismo contra cinco municipios catalanes por apoyar la declaración independentista del 9N. De corte progresista, es un experto en narcotráfico y terrorismo.

– Fidel Cadena: Fue el fiscal enviado a La Haya para tratar con su homólogo alemán la euroorden de Carles Puigdemont. Es fiscal de Sala del Supremo desde hace diez años, tras pasar casi 17 años en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

En el alto tribunal ha intervenido en el 11-M; el asunto del Solitario, el caso Bretón o el del Palau de la Música de Barcelona.

– Abogacía del Estado:

El perfil bajo que ha mantenido desde su irrupción en febrero por considerarse el Estado como perjudicado por la malversación saltó por los aires cuando presentó su escrito de acusación sin una sola mención a la violencia, cuando hasta entonces nunca había objetado de la misma.

Esta acción fue vista como un guiño de Pedro Sánchez a los independentistas para lograr su apoyo a los presupuestos, un planteamiento rechazado de plano por Edmundo Bal, que le costó el puesto como jefe del departamento Penal de la Abogacía del Estado.

Bal fue destituido por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, nombrada por Sánchez y quien alegó “pérdida de confianza” por sus discrepancias en la causa del 1-O, dado que Bal era firme defensor de acusar por rebelión a los lideres independentistas. Fue la propia Castro la que firmó el escrito de acusación.

– Rosa María Seoane: nueva jefa de lo Penal en la Abogacía del Estado en sustitución de Bal, tras ser secretaria general de Adif.

– Vox:

De las tres acusaciones es la que menos tiene que perder en esta causa. Más bien todo lo contrario. Siempre han sido los más duros con los procesados, y así sus peticiones de penas son el doble que las de la Fiscalía.

La exposición mediática que le proporciona el ser la única acusación popular en la causa es innegable y le ha proporcionado una visibilidad y un altavoz únicos ante la opinión pública con la lucha contra el independentismo catalán como bandera. Tanto es así que es el número dos de Vox, Javier Ortega, quien encabeza la estrategia procesal junto al abogado Pedro Fernández.

– Javier Ortega: Secretario general de VOX. Exmilitar que formó parte del cuerpo de élite de operaciones especiales, es un férreo defensor de la españolidad de Gibraltar. Es la cara visible del partido en su estrategia de querellas contra multitud de cargos públicos.

– Pedro Fernández: Vicesecretario jurídico de VOX. Es la mano derecha de Ortega en los tribunales.

6.- Las defensas

Conscientes de que llevan sobre los hombros el peso del que probablemente será el juicio de sus vidas, una docena de abogados de reputados bufetes de Barcelona se arremangan estos días la toga para preparar las líneas de defensa que esgrimirán ante el Tribunal Supremo.

Mientras cultivan una imagen de unidad frente a las acusaciones, los letrados del juicio del procés trabajan en estrategias dispares, desde el enfoque más técnico al más ideológico, y no todos comparten por igual afinidades políticas con sus clientes.

Los que más peliagudo lo tienen, aquellos que representan a líderes políticos todavía en activo, como Oriol Junqueras (ERC) o Jordi Turull (PDeCAT), y que se enfrentan a la incómoda tarea de combinar la defensa jurídica con la táctica política: la mirada puesta en la sentencia y, de reojo, en las próximas lizas electorales.

– Andreu Van Den Eynde: Oriol Junqueras y Raül Romeva:

Abogado de cabecera de ERC, Andreu Van Den Eynde es uno de los letrados más jóvenes de los que se sentarán en el Supremo, experto en ciberdelitos y en la responsabilidad penal de entidades jurídicas, lo que le sirvió para confeccionar la “compliance penal” o plan de prevención del fraude de la formación republicana.

Este descendiente de flamencos e hijo de troskistas -nació en 1975 en París, adonde su padre había huido de la policía franquista- dio sus primeros pasos entre 1998 y 2005 en el bufete Luis del Castillo, antes de montar su propio despacho, sin dejar de trabajar en el turno de oficio, que considera su cuota solidaria.

Van Den Eynde conoce la ofensiva jurídica del procés desde sus inicios: defendió a Carme Forcadell en las primeras querellas y el 20S presenció los registros de la Guardia Civil por los preparativos del 1-O, como abogado del exnúmero de dos Junqueras.

Activo en Twitter, donde desgrana su habitual socarronería, y en sus ratos libres guitarrista de la banda de trash metal Vientos de Poder, los escritos de defensa de Van Den Eynde rezuman carga política y continuas invocaciones al Tribunal de Estrasburgo; no en vano tiene puestas en la justicia europea sus esperanzas.

– Jordi Pina: Jordi Turull y Josep Rull:

Es quizá el rostro más mediático de los togados del procés, ya que durante la instrucción de la causa se ha prodigado en los platós con su vehemente defensa de la inocencia de los líderes independentistas y duras invectivas contra la cúpula judicial.

Penalista del prestigioso bufete Molins & Silva, hay pocas causas de corrupción política en las que no esté Pina, especialmente las que acechan a la extinta CDC: era el letrado de Jordi Montull cuando en 2017 los exresponsables del Palau de la Música delataron a la formación convergente, para sobresalto de sus élites.

Con un verbo incontenible y un estilo vehemente, Pina suele brillar en los informes finales: antológica fue su encendida defensa de la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau en el juicio por la consulta del 9N, salpicada de dardos políticos como sus escritos en la causa del procés.

Entre caso y caso, Pina fue elegido en 2017 vicedecano del Colegio de la Abogacía de Barcelona en la candidatura encabezada por Eugenia Gay -una lista plural que intentó sortear el debate independentista en tiempos difíciles para la equidistancia- y aún le queda tiempo para practicar aficiones tan catalanas como los viajes, buscar setas o el senderismo.

– Xavier Melero: Joaquim Forn:

Rara avi” entre los abogados del procés, Xavier Melero no sólo no forma parte de los entornos convergentes o republicanos que se sentarán en el banquillo, sino que hace unos quince años frecuentó las reuniones en las que se fundó el partido que hoy está a las antípodas del procesismo: Ciudadanos.

Como Pina, Melero, de 61 años, es un defensor habitual de convergentes perseguidos por la justicia -Oriol Pujol o el extesorero de CDC Daniel Osàcar- y también formó parte del equipo de Pau Molins, hasta que en 2009 montó despacho propio con Judit Gené.

Aficionado al boxeo, su aspecto indolente y sus gafas de carey le dan un aire británico que adornan a la perfección su gusto por la ironía, que despliega tanto en sus intervenciones públicas como ante el tribunal y, a menudo, también en sus escritos.

Poco dado a exhibirse en los medios, entró en la sala de estar de los hogares de Cataluña cuando defendió al expresidente catalán Artur Mas en el mediático juicio del 9N, con una estrategia estrictamente jurídica -similar a la que urde en la causa del procés, a riesgo de desentonar en ocasiones con la gallardía de su cliente ante el tribunal.

– Olga Ordariu: Carme Forcadell:

Reservada y discreta, la abogada de Carme Forcadell se curtió durante nueve años en el despacho Molins antes de emprender, en 2007, su andadura en solitario como fundadora del bufete MDA.

Nacida en Berga (Barcelona) hace 43 años, Arderiu es desde hace dos años diputada de la junta del Colegio de la Abogacía de Barcelona, donde fue vocal de la Comisión de Mujeres Abogadas, y tiene una larga trayectoria en ámbitos como la violencia machista y las políticas públicas en materia de género.

– Marina Roig: Jordi Cuixart:

La abogada del presidente de Òmnium Cultural, esquiva con la prensa y una de las caras del procés menos expuestas a los medios, se estrena en el Supremo en un asunto de calado político, tras haber llevado principalmente casos relacionados con el blanqueo de capitales y los delitos contra la administración pública.

Socia fundadora del despacho Roig & Bergés & Martínez y presidenta de la sección penal del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Roig confía su estrategia jurídica a una futura revisión del caso por parte del Tribunal de Estrasburgo y centra el debate en la autodeterminación como derecho humano: trató, sin éxito, llevar al juicio como testigos a referentes de ese ámbito como el filósofo Noam Chomsky o a dos Premios Nobel de la Paz.

– Mariano Bergés: Dolors Bassa:

Cofundador del despacho de Marina Roig, el letrado de Dolors Bassa se embarca con los intríngulis políticos del caso procés tras una trayectoria centrada en la defensa de grandes empresas y multinacionales.

Es profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona y en másteres de formación para acceder a la abogacía, así como experto en “compliance penal”.

– Josep Riba: Carles Mundó:

Años de experiencia en la defensa de políticos, empresarios, banqueros o deportistas -exdirectivos de Javier De la Rosa, Eto’o o un exalcalde socialista se cuentan entre sus clientes- hacen de este abogado un referente en los juicios por delitos de cuello blanco.

Sereno y de trato exquisito dentro y fuera de la sala de vistas, Josep Riba, de 51 años, es miembro del reputado despacho barcelonés Morales Abogados y atesora una amplia experiencia docente, como profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) o Esade.

– Judit Gené: Meritxell Borràs:

Es otra de las abogadas formadas en el despacho Molins Advocats, donde conoció a Xavier Melero, con quien en 2009 montó un bufete propio que se ha convertido en referente para políticos convergentes investigados por corrupción.

Nacida en el pequeño pueblo ilerdense de Torà, Gené, miembro de la sección de derecho penal del Colegio de la Abogacía de Barcelona, trabajó también, durante un paréntesis de tres años, en el reconocido bufete Cuatrecasas de Barcelona.

– Pau Molins: Santi Vila:

Vástago de una de las emblemáticas familias de la burguesía catalana, y de las más acaudaladas de España, Pau Molins fundó en 1994 el despacho Molins & Silva, desde 2013 asociado al bufete que lidera Miquel Roca y erigido en uno de los más prestigiosos de Barcelona.

De 57 años, Molins compagina el ejercicio de la abogacía, que le ha llevado a representar en los tribunales a acusados ilustres como la infanta Cristina, el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell o el exministro y expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra, con su actividad en el consejo de administración de la centenaria empresa familiar Cementos Molins.

7.- Homs, de condenado a abogado defensor

Es el único político independentista que hasta ahora se ha sentado en el banquillo de los acusados del Supremo. Cumplida su inhabilitación por el 9N, Quico Homs regresará al alto tribunal coordinando la defensa de los exconsellers del PDeCAT en el juicio al procés con una premisa clara: “Hay partido”.

“No me resigno a entregar el partido de ida. Hay que plantar cara. Es verdad que hay un partido de vuelta, que se jugará en Europa, pero no me resigno. Todavía queda mucho por decidir. La decisión final no está escrita”, asegura Homs.

Tras asistir a las declaraciones en fase de instrucción, Homs participará en el juicio por el 1-O en el Supremo, donde ejercerá como abogado codefensor en apoyo de los exconsellers del PDeCAT Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Meritxell Borràs.

Miembro destacado del “pinyol” (núcleo duro) independentista de la antigua Convergència, Homs, uno de los pesos pesados del partido en la negociación del Estatut de 2006, ganó protagonismo y poder de la mano de Artur Mas, que le situó como escudero en su Govern, nombrándole conseller de Presidència del Ejecutivo que convocó la consulta del 9-N de 2014.

Fue el proceso participativo del 9-N, uno de los primeros momentos cumbre para el entonces incipiente proceso independentista, el que llevó a Homs al banquillo de los acusados en el Supremo.

Homs entró en el juicio en febrero de 2017 con una petición fiscal de 9 años de inhabilitación por prevaricación y desobediencia grave al Tribunal Constitucional y salió condenado a un año y un mes de inhabilitación, que ya ha cumplido, por desobediencia grave.

La condena que el Supremo impuso a Homs sirvió a la postre para rebajar la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había acordado para el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que pasó de dos años a un año y un mes, y las exconselleras Joana Ortega, de un año y nueve meses a nueve meses, e Irene Rigau, de un año y seis meses a seis meses.

La experiencia que le dio su juicio en el Supremo la quiere exprimir ahora en la defensa de sus compañeros en la causa por rebelión y malversación a la cúpula del proceso unilateral a la independencia, en el que colabora en la defensa de los exconsellers del PDeCAT trazando la estrategia y ejerciendo de interlocutor entre las familias y el partido.

“Fue un aperitivo que me sirvió para entender que en el juicio hay que batallar, porque algún resquicio debe haber en alguna parte, pese a que la instrucción del juez Pablo Llarena y la respuesta a los recursos por parte de la sala, otorgándole acríticamente la razón, dan muy pocas esperanzas”, indica Homs.

En este sentido, advierte de que el juicio será “necesariamente” una cosa distinta al proceso judicial vivido hasta ahora, porque existirá “la presión de Europa” y porque a última hora el tribunal acordó “contra todo pronóstico” aceptar parte de los planteamientos de las defensas y escindir de la causa a los miembros de la Mesa del Parlament, a excepción de Carme Forcadell, y a una exdiputada de la CUP, que serán juzgados en el TSJC acusados de desobediencia por la Fiscalía.

Según Homs, la decisión de dividir la causa, en contra de todas las resoluciones previas acordadas por el juez de instrucción y de la sala de apelaciones, puede ser el indicador de la existencia de un “fuerte debate” en el seno del tribunal: “Todavía queda mucho por decidir y discutir y la decisión final de la sentencia no está escrita”, insiste.

Acostumbrado a la disputa política, los roces partidistas, las pugnas por el poder y los enfrentamientos internos, Homs resalta que se siente más cómodo coordinando las defensas que cuando le tocaba hacerlo con los políticos, porque con los abogados se habla de derecho y el debate es jurídico: “Es más sencillo, hay menos cálculo y es más profesional”.

8.- Cronología

La travesía judicial de la causa por el proceso independentista de Cataluña ha pasado por varios hitos que permanecerán en la memoria durante mucho tiempo. Ingresos en prisión, fugas, investiduras fallidas y choques con los tribunales internacionales han marcado el devenir del caso.

– 2017

6 septiembre.-

– El Parlament, con el apoyo de JxSí y la CUP y en ausencia de Ciudadanos, PSC y PPC, aprueba la ley del referéndum.

– El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus consellers firman el decreto de convocatoria del referéndum soberanista para el 1 de octubre.

7 septiembre.-

– El Constitucional suspende cautelarmente la convocatoria del referéndum.

– El Parlament, con el rechazo frontal de la oposición, aprueba la Ley de Transitoriedad. Se crea la Sindicatura Electoral de Cataluña.

12 septiembre.- El TC suspende de forma cautelar la Ley de Transitoriedad.

17 septiembre.- El TC anula la ley del referéndum en una sentencia en la que niega a Cataluña el derecho a la autodeterminación.

20 septiembre.-

– La Guardia Civil detiene a catorce organizadores del referéndum, entre ellos una decena de altos cargos de la Generalitat, y registra los departamentos de Economía, Exteriores, Trabajo y Gobernación de la Generalitat.

– Se produce el acoso a la comitiva judicial que estaba registrando la Consellería de Economía.

– El Constitucional anula los acuerdos de la Mesa del Parlament que permitieron convocar el referéndum.

27 septiembre.- La Justicia ordena cerrar los locales del referéndum.

1 octubre.- Se celebra el referéndum independentista. Policía y Guardia Civil se despliegan ante la pasividad de los Mossos. Se producen cargas policiales. El Govern asegura que el 90% de los votantes han apostado por el “sí”.

3 octubre.-

– Mensaje institucional del Rey Felipe VI. Ante la situación de extrema gravedad que vive Cataluña, llama a asegurar el orden constitucional, la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de Cataluña.

– Huelga general en Cataluña.

16 octubre.- La entonces jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envía a prisión a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez; y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, por promover el acoso a la Consellería de Economía.

27 octubre.-

– El Parlament, en ausencia de la oposición, declara la independencia de Cataluña.

– El Senado respalda la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el Gobierno destituye a Puigdemont y su Govern.

29 octubre.-

– Carles Puigdemont huye a Bruselas con los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret. También le acompañan Dolors Bassa y Joaquim Forn, pero estos volvieron a España para declarar ante la Audiencia Nacional más tarde.

30 octubre.-

– La Fiscalía General del Estado se querella en la Audiencia Nacional contra Puigdemont y sus 13 consejeros por rebelión, sedición y malversación, y en el Tribunal Supremo contra la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y cinco miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia.

– El Constitucional suspende la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

2 noviembre.- La jueza Lamela envía a prisión sin fianza al exvicepresidente Oriol Junqueras y a siete exconsejeros (Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa y Joaquim Forn). A Santi Vila le impone una fianza de 50.000 euros.

3 noviembre.-

– Lamela ordena la detención e ingreso en prisión de Puigdemont y los 4 exconsellers huidos.

– Santi Vila sale de la cárcel tras depositar la fianza.

8 noviembre.- El Constitucional anula la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y la ley de transitoriedad catalana.

9 noviembre.- Forcadell ingresa en prisión bajo fianza de 150.000 euros por orden del juez del Supremo Pablo Llarena, que decreta libertad bajo fianza para los miembros de la Mesa.

10 noviembre.- Forcadell sale de la cárcel tras depositar la fianza.

24 noviembre.- El juez Llarena asume la causa contra el Govern y los “Jordis”, que hasta el momento llevaba la Audiencia Nacional.

4 diciembre.- Los exconsellers Romeva, Mundó, Rull y Turull salen de prisión tras pagar una fianza.

– 2018

17 febrero.- Anna Gabriel (CUP) no se presenta a declarar ante el Supremo y huye a Suiza.

19 febrero.- Marta Rovira queda en libertad pero tiene que pagar 60.000 euros de fianza tras declarar ante el juez Llarena.

23 marzo.-

– El juez envía a prisión a Jordi Turull un día antes de que compareciese en el Parlament como candidato a la presidencia de la Generalitat. También ingresan en prisión Forcadell, Romeva, Rull y Bassa.

– Procesa a 25 personas, 13 por rebelión. Deja fuera al expresident Artur Mas, la exdirigente del PDeCAT Marta Pascal y la expresidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia Neus Lloveras.

– La secretaria general de ERC, Marta Rovira, huye a Suiza y planta a Llarena, que cursa una orden europea e internacional de detención contra ella y contra Puigdemont y el resto de fugados.

25 marzo.- La Policía alemana detiene a Puigdemont cuando cruzaba la frontera en coche desde Dinamarca rumbo a Bélgica. El expresident ingresa en la cárcel de Neumünster.

5 abril.- La Justicia alemana descarta el delito de rebelión en Puigdemont.

6 abril.- Puigdemont sale de prisión.

16 mayo.- La Justicia belga rechaza la extradición de los exconsellers huidos por errores de forma.

27 junio.- El Supremo confirma el procesamiento de la cúpula del procés por rebelión.

10 julio.-

– El juez Llarena cierra la instrucción y declara en rebeldía a los procesados huidos, para los que abre una pieza separada.

– Decreta la suspensión de cargo público de Puigdemont, Junqueras y otros cuatro diputados catalanes encarcelados.

11 julio.- Los líderes independentistas presos son trasladados a cárceles catalanas.

12 julio.- La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein (Alemania) decide extraditar a Puigdemont solo por malversación y no por rebelión.

19 julio.- Llarena rechaza la entrega a España de Puigdemont y retira las euroórdenes.

25 octubre.- El Supremo abre juicio oral contra 18 procesados en la causa.

2 noviembre.- La Fiscalía acusa en el Supremo de rebelión a nueve líderes independentistas y pide 25 años de cárcel para Junqueras y 17 para Forcadell y los Jordis. La Abogacía del Estado opta a última hora por acusar por sedición y pide 12 años para el exvicepresident.

1 diciembre.- Varios acusados presos inician una huelga de hambre en protesta por la, a su juicio, lenta tramitación de sus recursos en el Constitucional.

5 diciembre.- La Sala del 61 del Supremo rechaza por segunda vez apartar a los jueces del tribunal del procés.

18 diciembre.- El Supremo celebra la vista de las cuestiones previas.

20 diciembre.- Fin de la huelga de hambre de cuatro acusados en prisión.

27 diciembre.- El Supremo confirma su competencia para juzgar el caso, pero envía al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la causa contra cinco exmiembros de la Mesa del Parlament y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusados únicamente por desobediencia.

– 2019

1 febrero.-

– El Supremo dicta el auto en el que admite la comparecencia de alrededor de cientos de testigos en el juicio, entre ellos el expresidente Mariano Rajoy; rechaza reservar espacio para observadores y fija la fecha de juicio.

– Se anuncia que el juicio del procés comenzará el 12 de febrero.

9.- Los testigos

Un expresidente del Gobierno, su exvicepresidenta, un exministro, el presidente del Parlament, el lehendakari, dos alcaldes de Barcelona, un expresident de la Generalitat o la anterior cúpula de los Mossos d’Esquadra serán algunos de los testigos del juicio del procés.

Los cargos políticos abundan en la lista de alrededor de 600 testigos que desfilarán los próximos meses por la Sala de Plenos del Tribunal Supremo en el juicio contra los 12 líderes soberanistas.

Algunos pertenecieron al Ejecutivo de Mariano Rajoy -él incluido- pero sobre todo son mayoría los nombres de políticos catalanes, entre diputados nacionales y autonómicos, consellers y otros cargos del Parlament.

Destacan también los altos mandos policiales, en particular de los Mossos, como el mayor Josep Lluis Trapero y su entonces superior Pere Soler (ambos acusados de rebelión en la Audiencia Nacional) o el sustituto del primero en el Cuerpo Ferrán López.

La Sala que enjuiciará los hechos ha aceptado los 256 testigos de la Fiscalía y la Abogacía y buena parte de los propuestos por las defensas y Vox, acusación popular.

Entre los ausentes destaca el expresident Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira -ambos huidos de la Justicia-, que no pueden declarar como testigos, con obligación de decir verdad, al estar procesados por los mismos hechos.

Tampoco estarán el rey Felipe VI o el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín; ni destacados intelectuales internacionales como el lingüista Noam Chomsky o el historiador Paul Preston; el exsecretario general del PSOE y exministro Alfredo Pérez Rubalcaba; y el actual portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.

Estos son algunos de los testigos que comparecerán en el juicio:

Políticos:

Del Gobierno central: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno durante el 1-O; Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno el 1-O; Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda durante los hechos; José Antonio Nieto, ex número dos de Interior; Enric Millo, anterior delegado del Gobierno en Cataluña; Felipe Martínez, número 3 de Montoro en Hacienda.

De Cataluña: Roger Torrent, presidente del Parlament. Pere Aragonés, vicepresidente del Govern, citado por su antiguo cargo de secretario de Economía; Artur Mas, expresident de la Generalitat; Ada Colau, alcaldesa de Barcelona; Jordi Puigneró, actual conseller de Políticas Digitales; durante los hechos fue secretario de Telecomunicaciones del Govern; Joan Tardá y Gabriel Rufián, diputados nacionales de ERC; José María Espejo, vicepresidente segundo del Parlament (Cs); David Pérez, miembro de la Mesa del Parlament (PSC); Nuria de Gispert y Ernest Benach, expresidentes del Parlament; Los exmiembros de la Mesa del Parlament, a excepción de Ramona Barrufet, y la exdiputada autonómica de la CUP Mireia Boya, que serán juzgados por el procés en Cataluña; Los cuatro exconsellers que dimitieron en julio de 2017: Jordi Jané, Neus Munté, Meritxel Ruiz y Jordi Baiget.

Además, Marta Pascal, excoordinadora general del PDeCAT; Josep Maria Jové, exnúmero dos de Economía, considerado organizador del referéndum; Xavier Trías, exalcalde de Barcelona.

– Antonio Bayona, exletrado mayor del Parlament.

– Xavier Muro, exsecretario general del Parlament.

– Los entonces diputados autonómicos de la CUP Eulalia Reguant, Antonio Baños y David Fernández; de ERC, Josep Ginesta, Cesc Iglesias y Adria Comella; y de JxSi Luís Llach.

– Xavier Domenech, exportavoz de EnComu Podem.

– Albano Dante-Fachín, exportavoz de Catalunya Sí Que Es Pot.

– Neus Lloveras, expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia; Carles Viver, exmagistrado del TC considerado el arquitecto jurídico del procés; Francesc Sutrias, director general de Patrimonio de la Generalitat.

Otros:

– Íñigo Urkullu, lehendakari del País Vasco.

Policía:

Josep Lluis Trapero, mayor de los Mossos; Pere Soler, exdirector de los Mossos; Albert Battle, exdirector de los Mossos que dimitió dos meses antes del 1-O, y al que sustituyó Soler; Teresa Laplana, intendente de los Mossos y acusada de sedición en la Audiencia Nacional; Ferrán López, comisario que sustituyó a Trapero en el cuerpo; Manuel Castellví, jefe de la Comisaría General de Información del cuerpo autonómico; Sebastián Trapote, jefe superior de Policía de Cataluña; Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil. Coordinador del dispositivo de seguridad de cara al 1-O; Más de 110 policías nacionales y más de 60 guardias civiles (algunos de ellos resultaron lesionados) que participaron en el operativo del 1-O.

Asociacionies, sindicatos y medios:

Joan Vallvé, vicepresidente de Ómnium Cultural; Nuria Llorach, exdirectora de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales; Javier Pacheco y Camil Ros, secretarios de CCOO y UGT en Cataluña; José María Álvarez, secretario general de UGT; En torno a un centenar de votantes que participaron el 1-O.

Extranjeros:

Los europarlamentarios Ana Gomes y Ivo Vagl; Manon Masse, diputado del Parlamento de Quebec (Canadá) que actuó como observador para el 1-O; Felix Von Gründberg y Andrej Hunko, diputados del Parlamento alemán; Lars Aslan Rasmussen, diputado de Dinamarca; Wim Kok y Helna Catt, portavoces del equipo de expertos electorales internacionales; Paul Sinning, director del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya.

10.- Un juicio sin precedentes

No se recuerda en el Supremo un caso que haya exigido una logística de tal magnitud en el alto tribunal, ya transformado y adaptado para acoger el juicio del procés, probablemente el más mediático de su historia, con más de 600 periodistas acreditados de 170 medios nacionales e internacionales.

Es, en palabras de su presidente Carlos Lesmes, todo un “reto organizativo de una importante complejidad” para un tribunal muy poco habituado a juzgar causas y cuya infraestructura “no está preparada para este tipo de juicios”.

De ahí el “esfuerzo de adaptación” que han tenido que realizar para que el juicio que acaparará toda la atención en los próximos tres meses se desarrolle con la “máxima normalidad”.

El Supremo, que lleva semanas preparándose para acoger el que muchos califican como el juicio del siglo, calcula que, de los 600 periodistas acreditados, unos 250 trabajarán en sus instalaciones, sobre todo en aquellos días en los que se desarrollen los interrogatorios de los 12 acusados.

En democracia, tan solo el juicio de los atentados del 11-M generó una expectación mediática similar a la que se prevé con el procés en cuanto a número de acreditaciones y presencia de medios internacionales, de los cuales medio centenar serán extranjeros, principalmente europeos entre alemanes, franceses, suizos y holandeses.

Aquella vista oral tuvo lugar en un pabellón de la Casa de Campo de grandes dimensiones que fue alquilado por la Audiencia Nacional: nada que ver con la suntuosidad del que para muchos madrileños sigue siendo el Convento de las Salesas, sede del Tribunal Supremo desde 1873.

Ni mucho menos con el lustre del alto tribunal y de su Salón de Plenos, donde se celebrará el juicio, con paredes envueltas en seda de Damasco y dos lámparas de araña de estilo Luis XV.

Esta sala, probablemente la más grandiosa y solemne de entre los palacios de Justicia del país y donde cada año se celebra la apertura del año judicial y las tomas de posesiones de nuevos magistrados, será la que acoja a partir del martes un nuevo capítulo del procés: su versión judicial.

Tan solo 100 personas podrán entrar en ella. Veinticuatro serán familiares (dos por cada acusado), una veintena periodistas y el resto se destina a aquellos que quieran acudir al juicio. De esta forma, unas cincuenta personas podrán asistir de público cada día. Eso sí, después de hacer una cola en el exterior del alto tribunal y por orden de llegada.

Sin olvidar los dos parlamentarios vascos en representación de la cámara autonómica y las autoridades que quieran asistir, como muy probablemente hará el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien se tratará con la “deferencia que le corresponde” al ser “una autoridad pública española”.

Un pasillo separará al público de los estrados. Presidiendo la sala estará el tribunal de siete jueces; a su izquierda, se han reservado tres plazas para la Fiscalía, otras tantas para la Abogacía y dos para Vox, acusación popular.

Al otro lado las 12 defensas, que no 12 abogados, pues los letrados principales estarán acompañados por compañeros de sus bufetes. Y en una decisión con pocos precedentes, el tribunal ha permitido que los acusados puedan seguir el juicio sentados junto a sus abogados o detrás de ellos para evitar la exposición de estar permanentemente en el banquillo. Ahí solo se sentarán cuando les toque declarar.

Y en los recesos -entre ellos una hora y media para almorzar- los doce líderes independentistas esperarán en una sala destinada generalmente a conferencias y exposiciones, situada justo debajo del despacho oficial del presidente del Supremo, en la que un restaurante les servirá un menú a un precio económico.

Salvo la veintena que estarán en Sala -y que irán rotando conforme pasen las jornadas- el resto de los 230 periodistas habilitados seguirán las sesiones en tres espacios diferentes: la biblioteca, la conocida como sala de la “aspirina” y el salón de actos.

Y como el procés vive constantemente de jornadas e hitos históricos, el juicio íntegro se transmitirá por primera vez en directo a través de la web del Poder Judicial, que ha elaborado una página ad hoc sobre la denominada “causa especial 2097/2017”.

Todo ello con un objetivo claro: que el juicio se celebre con las máximas garantías de “publicidad y transparencia” para “poner de manifiesto la calidad de la justicia española”.

independencia de Cataluña

11.- Las cifras

Quince meses han pasado desde que se inició en el Tribunal Supremo la causa contra 12 líderes independentistas, que se enfrentan a penas que suman 177 años de cárcel, de las que sobresale una cifra: el 25, que es la condena solicitada para Oriol Junqueras por el procés.

Estas son las principales cifras del juicio que empieza el día 12 de febrero:

– 20907/2017 es el nombre oficial de “la causa especial” abierta en el alto tribunal en relación al proceso soberanista catalán.

– 12 son los acusados contra los que se dirige el juicio. De ellos, dos son mujeres (la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa) y nueve formaron parte del anterior Gobierno de la Generalitat.

– 177 años suman las penas que solicita la Fiscalía, que acusa de rebelión a 9 procesados.

– 119 años suman las que pide la Abogacía General del Estado, que optó a última hora por acusar de sedición a los líderes del procés.

– 25 años es la condena máxima que solicita la Fiscalía, para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, por rebelión agravada con malversación. La Abogacía pide para él 12 años y Vox, acusación particular, 74.

– 6 acusados serán juzgados más adelante en otro procedimiento por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al atribuirles un único delito de desobediencia.

– 7 procesados ausentes, fugados en tres países (Bélgica, Suiza y Escocia). Entre ellos el que fue principal responsable del Gobierno catalán, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

– 7 jueces conforman el tribunal que enjuiciará a los líderes independentistas -entre ellos una mujer-, que estará presidido por el también presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena.

– 4 fiscales, dos abogadas del Estado y dos letrados de Vox dirigirán la acusación.

– 17 abogados defensores, entre ellos el exconseller de Presidencia Francesc Homs.

– Más de 3 millones de euros públicos destinó la Generalitat al proceso soberanista catalán, según reflejó la Fiscalía en su escrito de acusación, aunque se desconoce la cantidad concreta.

– 2,1 millones de euros de fianza impuso el juez instructor, Pablo Llarena, a los 14 miembros del Govern de Carles Puigdemont de forma conjunta en concepto de responsabilidad civil.

– 60.000 mil personas participaron, según la Fiscalía, en el acoso a la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017, uno de los episodios clave para sustentar la actuación presuntamente delictiva de algunos de los principales acusados, como los Jordis.

– 484 días llevan en prisión los Jordis, los primeros de la causa que entraron en la cárcel, el 16 de octubre de 2017.

– 15 meses han pasado desde que la querella de la Fiscalía General del Estado del 30 de octubre de 2017 diese origen al procedimiento.

– Alrededor de 600 testigos serán llamados a declarar, entre ellos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, su exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y varios altos cargos catalanes como el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el vicepresidente del Govern Pere Aragonès.

– 3 meses se estima a priori que pueda durar el juicio, en el que por lo general se celebrarán jornadas de martes a jueves, si bien las defensas apuestan a que se alargará más tiempo.

– Más de 600 periodistas acreditados, de 170 medios. De estos, medio centenar son extranjeros, sobre todo de Alemania y Francia pero también de Estados Unidos, Rusia y China.

– Unos 200 antidisturbios se desplegarán en los alrededores del Supremo para garantizar la seguridad de la vista.

– Alrededor de 100 personas podrán seguir el juicio desde la sala de vistas. De ese número, entre 15 y 20 sitios están reservados para medios.

– 2 familiares por cada acusado tendrán un espacio reservado en la Sala de Plenos del Supremo para acudir a las jornadas.

– 2 traductores están a disposición de los acusados si desean declarar en catalán; algunos de ellos pidieron traducción simultánea si bien el Supremo simplemente dio por oída su solicitud.

12.- Estrasburgo, un árbitro de eficacia limitada

Mientras temen una condena severa de un tribunal cuya imparcialidad cuestionan, los líderes independentistas fían sus esperanzas a Estrasburgo, un árbitro de eficacia limitada: no es competente para corregir ni revocar sentencias y solo sanciona violaciones de derechos humanos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no entraría a valorar si hubo rebelión en el procés, pero una eventual condena de Estrasburgo por violación de derechos humanos en la causa -como los de defensa o manifestación- abriría la puerta a que los acusados fuesen indemnizados o a una repetición del juicio, en el que el Supremo debería tener en cuenta las apreciaciones de Estrasburgo.

El Tribunal de Estrasburgo es la autoridad judicial encargada de velar por la garantía de los derechos humanos y libertades reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, un tratado firmado por los 47 estados miembros del Consejo de Europa.

Su función es detectar si los países firmantes han vulnerado principios del Convenio, entre los que figura el derecho a un juicio justo u otros, como los de expresión o manifestación, que invocan las defensas de los líderes del “procés“: creen contrario al espíritu del tratado que las movilizaciones independentistas sirvan al Supremo para sustentar el delito de rebelión, ya que ello equivaldría a criminalizar la protesta.

Torturas, maltratos a detenidos, detenciones ilegales, disfunciones en los procesos civiles o penales, discriminaciones o restricciones a las libertades son algunas de la materias que abarcan las competencias de Estrasburgo.

Las sentencias del Tribunal Europeo pueden fijar indemnizaciones para las víctimas de una vulneración de derechos o abrir la puerta a la posibilidad de revisión de condenas dictadas por los tribunales del país demandado.

En el caso de España, una reforma legislativa de 2015 establece que el demandante tiene derecho a instar a la revisión de la sentencia en la que fue condenado, lo que salvo excepciones corresponde al Tribunal Supremo.

Examinado el caso, el tribunal nacional puede optar por enmendar la sentencia o repetir el juicio, subsanando las vulneraciones que haya apreciado Estrasburgo o incorporando su doctrina. A efectos prácticos, nada impide que el fallo acabe siendo el mismo tras el proceso de revisión.

Espoleados por el caso de Arnaldo Otegi, que ha ganado dos veces en Estrasburgo su pulso a la justicia española, el independentismo confía en la victoria que para ellos supondría un eventual revés de Europa a la causa abierta en el Supremo.

No en vano, desde 1977, cuando España ratificó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, hasta 2018, el TEDH ha admitido a trámite 167 reclamaciones sobre la justicia española, de las que en 112 ha condenado a España por violar derechos de los acusados. En una de sus sentencias más destacadas, sancionó el trato inhumano a dos etarras que atentaron en la T-4 de Madrid-Barajas en 2006.

Estrasburgo, que actualmente tiene pendientes 22 casos sobre el proceso soberanista catalán, ha condenado en 50 ocasiones a España por no respetar un juicio justo, en 16 por la lentitud del proceso judicial, en otras 16 por no respetar la privacidad y en 12 por fallos en la investigación, entre otras.

Por el contrario, ha otorgado sonadas victorias a la justicia española, como cuando en octubre pasado avaló que no se computen los años de cárcel cumplidos en Francia por tres etarras, con lo que retrasó su excarcelación.

El Tribunal es la herramienta de la que se dota el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por España en 1977, para garantizar derechos básicos, como la libertad y la seguridad.

En su articulado, el Convenio acepta, sin embargo, que la libertad de expresión puede quedar limitada por las restricciones previstas por la ley que sean necesarias, en una sociedad democrática, para “la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública” o para garantizar “la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.

Recurrir a Estrasburgo exige haber agotado la vía interna de impugnaciones, lo que en el caso de España pasa por la revisión de la sentencia por parte del Tribunal Constitucional, y que los agravios esgrimidos ante el TEDH hayan sido formulados ante las instancias judiciales que hayan estudiado el caso previamente.

Si la demanda planteada ante el TEDH no es claramente inadmisible o repetitiva -es decir, con numerosos precedentes en la materia-, pasa a manos de una sala integrada por siete jueces, que primero deben decidir si la aceptan a trámite y, posteriormente, entrar a debatir el fondo de la cuestión.

Una vez admitida la demanda, el TEDH debe dar traslado a la Abogacía del Estado correspondiente para que exponga sus argumentos ante la demanda.

En el proceso de confección de la sentencia, desempeñan una papel clave, aunque en la sombra, las divisiones territoriales del Tribunal, unas oficinas técnicas que analizan el caso y proponen a la sala una resolución.

Las llamadas “divisiones” están integradas por juristas que deben ser conocedores de la lengua y el derecho del país cuyas demandas les corresponde analizar y, en el caso de la sección de España, está integrada por españoles en una abrumadora mayoría.

Contra las sentencias de Estrasburgo solo cabe recurso por la vía excepcional, principalmente si hay dudas sobre la interpretación del Convenio de Derechos Humanos o riesgo de contradicción en la jurisprudencia del propio Tribunal. En esos casos singulares, se pronuncia la Gran Sala del TEDH, integrada por 17 jueces.

El Tribunal reconoce que no es posible detallar cuánto tiempo de media le lleva examinar una demanda, ya que ello depende de múltiples factores, como el tipo de caso o la rapidez con que las partes suministren la información que requiera.

Una vez la demanda es admitida a trámite en Estrasburgo, el tribunal examina los asuntos según un orden que tiene en cuenta la importancia y la urgencia de las cuestiones planteadas, para tratar con mayor celeridad los asuntos más graves o que ponen de manifiesto la existencia de problemas a gran escala.

Pese a que no existen plazos fijos, como en ningún procedimiento judicial, expertos consultados por Efe sostienen que, una vez agotada la vía interna que el Constitucional podría zanjar en cuatro o cinco años, Estrasburgo podría tardar otros cuatro o cinco en resolver, por lo que podría transcurrir hasta una década.

La demanda a Estrasburgo puede incluir la solicitud de medidas cautelares, incluida la excarcelación de presos condenados por sentencias cuestionadas ante la justicia europea.

Las políticas del TEDH en este ámbito son restrictivas: solo impone medidas provisionales en los casos de peligro o amenaza grave para la integridad física de los demandantes -procesos de extradición a países donde el condenado se expone a la tortura o la pena de muerte- o que incumban a menores de edad.

¿Y quién supervisa que se cumplan las sentencias del Tribunal? Según el reglamento del Convenio Europeo, los países firmantes, entre ellos España, se comprometen a acatar las sentencias del tribunal, que cuando son firmes se transmiten al Comité de Ministros del Consejo de Europa, que velará por su ejecución.

Si el Comité de Ministros aprecia que la ejecución queda obstaculizada por un problema de interpretación de la sentencia lo podrá remitir al Tribunal para que se pronuncie.

En el caso de que un país firmante se negara a acatar una sentencia, el Comité, tras consultarlo con el Tribunal, examinará “las medidas que sea preciso adoptar”.

Un aval del TEDH a una eventual condena del Tribunal Supremo podría ser tenido en cuenta por los tribunales extranjeros que deben decidir sobre la situación de los procesados huidos, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al que la justicia alemana aceptó extraditar solo por malversación, no por rebelión.

Juristas consultados apuntan, no obstante, que ello no tendría un efecto vinculante sobre los tribunales extranjeros, que podrían optar por seguir denegando las euroórdenes.

Fotografías: Acusados, Tribunal Supremo, Carles Puigdemont, Francesc Homs/EFE. Mariano Rajoy/Moncloa. Carles Puigdemont durante la declaración de independencia/ Generalitat de Cataluña.

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