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Amnistía Internacional denuncia recortes de derechos y libertades

24 febrero, 2016

El informe anual de Amnistía Internacional denuncia los recortes de derechos y libertades y el doble rasero en política internacional y trato a los migrantes que España ha llevado a cabo durante 2015, un ejercicio del que destacan la reforma de extranjería que instituyó el rechazo en frontera en las vallas de Ceuta y Melilla, la exclusión sanitaria de inmigrantes en situación irregular, los desahucios y la llamada ‘ley mordaza’

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Para el director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, «claramente» los derechos más afectados en 2015 han sido «la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica», porque el Gobierno ha legislado haciendo «oídos sordos a las recomendaciones hechas por Naciones Unidas a España en materia de Derechos Humanos». En este sentido, se ha referido a la reforma del Código Penal y a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana aprobadas el año pasado con las que «se limitó de manera desproporcionada el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho de reunión» imponiendo «límites sobre las manifestaciones pacíficas» y concediendo «amplias competencias a las fuerzas de seguridad, que podrían multar con hasta 30.000 euros a personas que muestren, por ejemplo, una falta de respeto».

«Es tan vaga en sus artículos que hasta el Relator Especial de Libertad de Expresión de Naciones Unidas alertaba de que podía penalizar comportamientos que hasta entonces no constituían delitos de terrorismo y restringir desproporcionadamente el legítimo derecho a la libertad de expresión. Algo hemos podido ver en el caso de los titiriteros detenidos en Madrid el 6 de febrero», ha comentado Beltrán.

En cuanto a los derechos de las personas refugiadas y migrantes, el informe recuerda que en 2015 se reguló el «rechazo en frontera» de los extranjeros interceptados en el salto de las vallas pese a que el Comité contra la Tortura expresó su «preocupación» por las llamadas devoluciones en caliente y el Comité de Derechos Humanos instó a España a cumplir el principio de no devolución. Además, señala que durante el año se mantuvieron «las restricciones a la libertad de circulación» de los solicitantes de asilo en las ciudades autónomas, que no pueden viajar libremente a la Península pese a que su documentación les permite moverse por todo el territorio nacional, y destaca que en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla «imperaban condiciones de hacinamiento grave» que sufren «cientos de personas».

InmigraciónTambién sobre este asunto, indica que los compromisos asumidos por España con la Unión Europea sobre reubicación de personas procedentes del conflicto sirio «se cumplen muy lentamente» pues de los 17.000 que aceptó acoger procedentes de Grecia e Italia sólo han llegado 18 y de las 854 personas que debía trasladar desde campos de refugiados «sólo 90 llegaron a la Península», conforme los datos que maneja la organización.

De hecho, en materia de política internacional, Amnistía tacha la actividad de España como de «doble rasero» durante el año pasado, pues «ha dado pasos positivos» como instar la limitación del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU o participar en resoluciones «muy importantes» en este organismo sobre mujeres paz y seguridad, pero también «ha hecho reformas legislativas contrarias al derecho internacional» y «ha desoído las recomendaciones» de distintos comités al respecto.

Sobre violencia de género, Amnistía denuncia que al término de 2015 el Gobierno seguía «negándose a proporcionar reparación a Ángela González Carreño», cuyo ex marido maltratador asesinó a la hija pequeña que tenían en común motivando una condena de Naciones Unidas a España por no proteger a ambas adecuadamente.

Otro de los temas que analiza el informe nacional de Amnistía es el acceso a la vivienda, para recordar que en junio el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió a España que garantizara el acceso a recursos judiciales de las personas que se nefrentaban a prodecimientos de ejecución hipotecaria. En los primeros nueve meses de 2015 se habían iniciado 52.350, más de medio millón en el periodo 2008-2014.

«España ha recibido diferentes llamadas de atención por haber legalizado la expulsión sumaria de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla, por no haber regulado el delito de tortura ni de desaparición forzada tal y como establecen los estándares internacionales, por haber dejado sin asistencia sanitaria a cerca de 750.000 personas migrantes en situación administrativa irregular o porque es necesario adoptar una política estatal de vivienda con un enfoque de derechos», ha resumido Beltrán.

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