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Amnistía fiscal anulada: Ministro Montoro, ¿y ahora qué?

9 Junio, 2017

El Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad el decreto aprobado por el Gobierno en 2012 que dio lugar a la llamada amnistía fiscal promovida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una decisión que, según el tribunal, no afectará a las regularizaciones firmes debido al principio de seguridad jurídica

amnistía fiscal

La sentencia, que estima el recurso presentado por el grupo socialista en el Congreso, dictamina que el decreto es inconstitucional porque la materia que regula no puede ser fijada mediante un mero decreto ley, pues tiene rango constitucional.

El alto tribunal vierte duras críticas contra la decisión del Gobierno popular, y no solo por el aspecto formal -que es el que determina la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal– sino también por el fondo mismo de la medida. Apunta que la amnistía fiscal “supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”.

De esta forma, añade, se legitima “como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”.

En conclusión, dice el TC: “El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario”.

Lo que el fallo del TC declara inconstitucional y anula, concretamente, es la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que recoge la posibilidad de declarar dinero oculto con la única tributación del 10 %, sin que se impongan sanciones, intereses ni recargos.

Los magistrados entienden que la disposición vulnera el artículo 86.1 de la Constitución, que prohíbe el uso del decreto-ley cuando las medidas aprobadas afecten “de forma relevante o sustancial” a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución. Tal es el caso del “deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”.

La regularización se dirigió “a la totalidad de los contribuyentes afectados por los impuestos directos”, que “constituyen los pilares estructurales del sistema tributario”, dice el alto tribunal.

La medida supuso, continúa el TC, “la condonación parcial de la obligación tributaria principal y la condonación total de las eventuales consecuencias accesorias asociadas al incumplimiento existente hasta el momento de la regularización”.

De este modo, es indudable que la medida afectó “a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” que recoge la Constitución, alterando así “el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes”.

Ese deber constitucional, el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, está recogido en el artículo 31 de la Constitución y es una materia que no puede ser regulada a través de un simple decreto-ley, pues tiene un rango superior. De este modo, el decreto recurrido vulneró la Constitución, añade el alto tribunal antes de anular la norma.

En respuesta a los argumentos del Gobierno, el TC señala que no es suficiente con explicar, como hace el abogado del Estado, que acudir al decreto ley resultaba necesario para ajustar el déficit público y cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria, consagrado también en la Constitución.

“Cualesquiera que sean los fines que guíen al legislador, deben respetarse los principios establecidos en el artículo 31.1 de la Constitución, en orden a conseguir un sistema tributario justo”, expone el TC.

Amnistía fiscal que quiso tapar 30.000 millones de euros en recortes

La amnistía fiscal de 2012 supuso unos ingresos para las arcas públicas de 1.192 millones de euros -muy por debajo de los 2.500 millones inicialmente previstos-, pero permitió aflorar más de 40.000 millones en bienes y derechos que no estaban declarados.

amnistía fiscalEl plan de extraordinario de regularización fiscal aprobado mediante decreto ley en 2012 se sustanció en una Declaración Tributaria Especial (DTE) que permitió a los evasores normalizar su situación ante la Hacienda pública pagando solo el 10 % del capital declarado, aunque el tipo efectivamente pagado fue más bajo.

El proceso duró de abril a noviembre y fue en el último mes cuando se presentaron la mayoría de las declaraciones, que en total ascendieron a 31.529, con un importe medio a pagar de 37.800 euros.

El 98 % (30.871 declaraciones) correspondieron a personas físicas y el 2 % (658) a personas jurídicas.

La medida acompañó a los presupuestos generales del Estado de 2012, los primeros presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy, que supusieron un ajuste cercano a 30.000 millones de euros.

El entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, justificó la medida en la necesidad de hacer un esfuerzo mayor en la lucha contra el fraude y destacó que a diferencia de otros procesos similares llevados a cabo en el pasado, la regularización no había sido opaca, dado que estaban identificados los contribuyentes.

En virtud del principio de seguridad jurídica, la sentencia del Constitucional no afectará en principio a las regularizaciones que se hicieron en 2012, aunque Hacienda estudiará las eventuales implicaciones que pueda tener.

Montoro dimisión

Tras conocerse la sentencia, que estima el recurso presentado por el grupo socialista en el Congreso, se han sucedido las peticiones de comparecencia e incluso de dimisión del ministro por parte de la oposición

amnistía fiscalEl secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha asegurado que el Tribunal Constitucional (TC) avala la regularización fiscal que hizo el Gobierno y que la discrepancia está en el instrumento normativo empleado, es decir en la utilización de un real decreto.

El portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, se ha felicitado hoy por la sentencia y ha asegurado que si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tuviera “un poco de vergüenza” presentaría su dimisión.

Saura ha calificado esa amnistía fiscal como “una de las páginas más negras” de la Hacienda pública española y una medida “vergonzosa” puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Montoro será recordado por el ministro que llevó a cabo una amnistía fiscal vergonzosa que el Tribunal Constitucional ha declarado nula e inconstitucional”, ha remarcado.

Ante la sospecha de que Montoro no abandonará el cargo, el PSOE ya ha registrado una solicitud de comparecencia del titular de Hacienda en el Congreso para que rinda cuentas de las consecuencias de la sentencia del Constitucional.

Por su parte, Ciudadanos ha pedido la comparecencia urgente del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique por qué se llevó a cabo la “vergonzosa” amnistía fiscal de 2012, que premió a “defraudadores y tramposos” como “los Pujol, los Granados o los Bárcenas”, mientras “castigaba” a las clases medias.

Unas afirmaciones del portavoz de Economía de Cs, Toni Roldán, que ha explicado que Ciudadanos quiere escuchar al ministro antes de pedir su dimisión al Gobierno o cualquier otra medida.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha considerado hoy que el Tribunal Constitucional ha confirmado “lo que el sentido común decía” al anular la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012.

Echenique ha considerado que “un Gobierno no puede hacer leyes para que los defraudadores fiscales tengan ventajas” sobre el resto de ciudadanos.

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha exigido la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al considerar que ha quedado “completamente desautorizado” por la sentencia.

La asociación de técnicos de hacienda Gestha ha pedido la dimisión del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro porque cree que “no veló por preservar los principios esenciales que deben regir el sistema tributario para que sea considerado justo”, lo que hace que su continuidad sea “insostenible”.

Los técnicos de Hacienda también entienden que la sentencia del Constitucional “parece cerrar la puerta a nuevas amnistías” al defender que todos los ciudadanos contribuyan a sufragar los gastos públicos.

Gestha calcula además que la amnistía regularizó el 3 % de lo evadido entre 2008 y 2010 y apuesta por reorganizar la Agencia Tributaria y “aplicar la ley a quien defrauda sin excepciones”.

Mientras tanto, Cristóbal Montoro ha solicitado comparecer en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para explicar la anulación de la amnistía fiscal, según han indicado fuentes del Grupo Popular.

Fotografías: Gtres y Wikipedia.

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